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Pescadores guanacastecos se plantan contra reactivación de pesca de arrastre que pretende el Gobierno

  • Se manifestaron en contra de proyecto de ley del Gobierno que reinstaura la técnica
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Los diputados del Frente Amplio Suray Carrillo, José Ramírez y el jefe de fracción Edgardo Araya dieron su apoyo a los artesanales.

Entre 400 y 500 pescadores de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur se plantaron este jueves 20 de abril frente a la Asamblea Legislativa en una manifestación pacífica, para exigirle al Gobierno que retire el proyecto de ley No. 19.838, que busca reinstaurar la legalidad de la pesca de arrastre en Costa Rica.

La práctica consiste en lanzar grandes mallas al agua que se arrastran hasta por cinco horas por el fondo marino y recogen una gran cantidad de fauna que no es el objetivo de la pesca. Diversos estudios, incluidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estiman que entre el 70 y el 97% del producto es fauna acompañante que es devuelta al mar cuando ya ha perecido.

De estos, el 90% son especies de las cuales dependen los pescadores artesanales. Según la FAO la pesca de arrastre es el mayor contribuidor a las cerca de 7 millones de toneladas de peces que se descartan cada año, luego de su captura incidental.

El gremio de pescadores artesanales estima que en la manifestación participan 500 personas. 

La misma FAO la considera una de las menos selectivas y más destructivas del mundo y la Sala Constitucional la prohibió en el 2013, cuando concluyó que violenta el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El Poder Ejecutivo y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) apoyan el proyecto de ley, que se encuentra en estudio en la Comisión de Ambiente del Congreso, aduciendo que existe un impacto como en cualquier actividad y que se debe hacer un balance entre ese impacto y la generación de empleos.

Los pescadores reclaman principalmente por la cantidad de fauna de acompañamiento que el arrastre captura, peces de los cuales depende su actividad y porque no hay ningún estudio en el mundo que demuestre que la pesca de arrastre puede hacerse de manera sostenible.

Licencias sin sustento

El gremio artesanal, al igual que 15 organizaciones ambientalistas y centros académicos como la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (Cimar-UCR), se han opuesto al proyecto de ley No. 19.838.

Su reclamo principal es que, de aprobarse, la ley permitiría al Incopesca otorgar nuevas licencias, aunque aún no se demuestra la sostenibilidad de la pesca de arrastre.

El Presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste, Martín Contreras, se quejó de que el Incopesca obliga al sector artesanal a cumplir con las tallas mínimas en sus capturas de peces, pero “no hace lo mismo” con la flota semi-industrial de pesca de arrastre.

“Entendemos que se deben cumplir las tallas mínimas, pero es un desorden. El artesanal tiene una regulación especial para cuidar el recurso, pero la flota semi-industrial faena en el mismo lugar y tiene una regulación distinta”, señaló.

“Hay muchos intereses económicos de unos pequeños empresarios que se han llevado la riqueza del Golfo de Nicoya toda la vida. Debemos defender el ambiente marino”, señaló el pescador Enoc Rizo, de la Asociación de Pescadores de Colorado de Abangares.

¿Por qué lo apoya el Gobierno?

El presidente de Incopesca, Gustavo Meneses, dijo que el proyecto de ley establece criterios de sostenibilidad que deben cumplirse con un desarrollo técnico-científico, para aprovechar racionalmente el camarón.

El jerarca hizo referencia a certificaciones que se usan en otras partes del mundo, para comprobar la sostenibilidad del arrastre.

“Eso nos lleva a pensar que adaptando el arte y variando materiales se podría desarrollar un arte con menor impacto. Se tiene que demostrar con estudio técnico y científico”, dijo Meneses.

Sin embargo, Costa Rica carece de un estudio que compruebe esa sostenibilidad que fue precisamente lo que pidió la Sala en su resolución del 2013. El proyecto solo establece “parámetros de sostenibilidad”, dijo Meneses, quien aseguró que las licencias solo se entregarán cuando la comisión que estudiaría cada caso compruebe que esos parámetros se cumplen.

En su fallo del 2013, la Sala Constitucional prohibió la renovación y otorgamiento de nuevas licencias de arrastre sin que existiese una reforma legal que presente estudios científicos y demuestre que la pesca de arrastre es sostenible.

Durante la manifestación diputados del Frente Amplio (los únicos que recibieron a los manifestantes) coincidieron con los pescadores. El jefe de fracción, Edgardo Araya, fue enfático en que el proyecto 19.838 no avanzará y “está muerto”.

Suray Carrillo y José Ramírez, también del Frente Amplio, prometieron más mociones para frenar cualquier avance que pueda tener el documento en la comisión.

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