Discordia y polémica… Eso es lo que ha traído la nueva Ley de Licores que todavía no termina de cuajarse por completo en la mayoría de los gobiernos locales del país, ni tampoco en la Municipalidad de Nicoya.

El motivo principal del conflicto es el gran aumento en los precios que deben pagar los dueños de las patentes a la Municipalidad.

Por más de 20 años, Jesús Ángela Quirós Miranda ha sido dueña de la cantina La Amapola ubicada en Barrio San Martín de Nicoya. Ella dice que el año pasado pagaba 48 mil colones trimestrales por el uso de la patente. Sin embargo, ahora con la nueva normativa debe pagar 189 mil colones, más de tres veces el monto anterior.

“Ahora lo que hago es ir apartando un poco de plata cada mes para pagar los tres meses y con costo me alcanza para pagar la luz y el agua y para medio comer”, aseguró Quirós.

Desde agosto del año pasado entró en vigencia en el país la Ley 9047, conocida como la Ley de Licores. Dentro de sus principales cambios esta la fijación del salario base, que actualmente es de 379.400 colones, como parámetro para determinar cuanto debe pagar un comercio para vender bebidas alcohólicas.

La nueva normativa agrupa a las patentes como licencias con las letras de la A a la E. Por ejemplo, según esta ley, una cantina o bar sin actividad bailable tiene la categoría B1 y deberá pagar trimestralmente desde medio salario base (189.700 colones) hasta un salario base (379.400 colones).

Mientras tanto la licencia tipo D agrupa a los minisupers y supermercados y les obliga a pagar desde un salario base (379.400 colones) hasta dos salarios base (758.800 colones).

A este respecto, Juan Yockchen Mora, regidor municipal, calificó este cobro como “injusto pues en la mayoría de zonas rurales costeras de Nicoya la economía de estos comercios es de subsistencia y esta ley lo llevará a la quiebra”, afirmó.

Además, Yockchen indicó que la ley no es equitativa y no establece diferencias en lo que respecta a lo que deben pagar los minisupers y los supermercados. “No es lo mismo un negocio pequeño familiar que una cadena de supermercados”, notó y agregó, “la ley no establece un parámetro justo para determinar cuanto deben pagar los comercios en relación su a volumen de ventas real”.

De igual forma, Mario Ondoy Villegas, regidor municipal, indicó en la sesión ordinaria que tuvo lugar el pasado 25 de febrero que “la ley tiene que modificarse, ya que no permite dos cosas: ni cobrar menos a lo establecido (salario base) ni hacer excepciones”, explicó.

Reglamento a la espera de Sala IV

Ante la consulta de VON a Marcos Jiménez, alcalde municipal,  sobre si ya existe un reglamento interno definido para la regulación y comercialización de bebidas alcohólicas, él mencionó que todavía no, pues la municipalidad está a la espera de la resolución que haga la Sala IV sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde noviembre del 2012.

Desde esa fecha se han presentado a la Sala IV cuatro acciones de inconstitucionalidad por considerar que la Ley de Licores violenta el derecho a la propiedad, la libertad de comercio, el principio de legalidad y justicia tributaria.

Guillermo Sanabria, presidente de la Cámara de Patentados de Costa Rica, estimó que de continuar la actual Ley, entre 6 mil a 7 mil negocios tendrían que cerrar a nivel nacional a mediano y largo plazo, pues no podrían pagar el precio trimestral de sus patentes.

Sin embargo, Sanabria es optimista en que la Sala IV modifique la ley, pues él la considera como “una ley muy mal hecha, e injusta”, además se refirió al artículo 3 que cambia la naturaleza que tenían las patentes y las denomina como licencias y ya no se consideran más un activo, por lo que no se puede vender, canjear, arrendar, transferir, ni traspasar en forma alguna.

Por su parte, Cristian Soto, encargado del departamento de patentes de la Municipalidad, reconoció que obviamente el aumento en los montos a pagar ha generado malestar en los patentados. No obstante el aseguró que uno de los beneficios de la nueva ley es que impide el alquiler o venta de las patentes hacia terceros conocido como el “mercado negro” de patentes, por lo que “evita que las personas hagan grandes negocios personales con un bien municipal”.

Por ahora, Sanabria aconseja a los patentados del cantón nicoyano pedir una constancia al departamento de patentes municipal sobre la situación en que se encuentra su patente y hacer una apelación sobre el cobro injusto. Así lograran evitar el cobro actual mientras esperan la respuesta de la Sala IV. Para más información puede llamar a la Cámara de Patentados de Costa Rica al 2256-9668.