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Comisión informa que 90% del Plan Regulador propuesto fue un trabajo de "cortar y pegar"

Por Arianna McKinney

 

El miércoles 6 de junio la Comisión Administrativa conformada por nueve representantes comunitarios presentó un amplio informe al Concejo Municipal del cantón de Nicoya, recomendando que el concejo rechace por completo el Plan Regulador propuesto y elaborado por la empresa española INYPSA.

La propuesta fue presentada durante una audiencia pública el sábado 25 de febrero, recibiendo la oposición inmediata de varios grupos de Sámara, Nicoya y Nosara. La Comisión Administrativa se formó para el análisis, mejoramiento y seguimiento del Plan Regulador urbano propuesto para el cantón de Nicoya, en base a la resolución administrativa de la Oficina Municipal con fecha del 23 de marzo, posterior a una reunión en la cual los representantes comunitarios solicitaron más tiempo para revisar el Plan Regulador propuesto. El Concejo Municipal accedió a una prórroga de 45 días a partir del 9 de abril. 

 



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La Comisión concluyó que el plan propuesto está lleno de irregularidades que imposibilitan su implementación; además, muchas de las clasificaciones de zona no se ajustan a la realidad ni a las necesidades actuales del pueblo, lo cual significa que muchas empresas y comercios podrían tener problemas para renovar sus licencias comerciales debido a que la zona en donde se encuentran ya no sería designada para este tipo de negocio.

Además, la Comisión encontró que muchos de los documentos habían sido "copiar y pegar" en un 90%, siendo tomados de planes reguladores para otros cantones, incluyendo referencias a nombres y sitios en otros cantones y hasta en otros países. (Para ver el informe de la Comisión completo, OPRIMA AQUÍ).

Por lo tanto, la Comisión ha recomendado que el Concejo Municipal no apruebe el plan propuesto y que, por el contrario, envíen el informe a las entidades públicas respectivas para que estas tomen medidas contra INYPSA. 
 
El VON consultó a la Comisión acerca de la reacción del Concejo Municipal ante su informe. “Percibimos que reaccionaron muy bien a nuestro trabajo en equipo, están muy preocupados por la propuesta hecha por INYPSA y por el impacto económico, ambiental y social que traería este Plan Regulador si fuera aprobado así como viene”, respondieron.

El Concejo Municipal aprobó el envío del documento a la Comisión Legislativa de Gasto Público, a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Unidad Ejecutora y a la prensa para su revisión. Sin embargo, el Concejo aún debe decidir si aprobará o rechazará el Plan Regulador propuesto.

Tiempo y dinero involucrados

Juan Carlos Oviedo Quesada, coordinador de la Comisión del Plan Regulador y coordinador de la Zona Marítimo Terrestre para la Municipalidad de Nicoya, no asistió a la presentación ante el Concejo Municipal aunque sí estaba al tanto de la recomendación de rechazar la propuesta. Oviedo aclaró que la Comisión conformada por representantes comunitarios no está relacionada con la Comisión Municipal del Plan Regulador y agregó que lo solicitado no tiene bases legales. Aseguró que siempre que les ha sido posible, la Comisión del Plan Regulador ha intentado incorporar las observaciones de los miembros de la comunidad. Además señaló que el desarrollo de la propuesta costó mucho dinero.

El Plan Regulador establece lo que se puede o no construir en cada sector del cantón. La propuesta fue preparada por INYPSA durante un período de dos años, con un costo estimado de al menos USD $80,000.  Esto es solo un estimado de la porción local de la deuda de aproximadamente USD $92 millones en la que se ha incurrido a nivel nacional mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por los servicios de consultoría de INYPSA.

Aunque se ha invertido mucho tiempo y dinero en la creación de esta propuesta, la Comisión de representantes comunitarios está convencida que lo mejor sería rechazarla y empezar de nuevo, en lugar de intentar modificar la propuesta. Este porque la metodología utilizada carece de suficiente participación por parte de representantes comunitarios; además, los aportes brindados por organizaciones comunitarias no fueron tomados en consideración.

Así mismo, la Comisión informó al VON que la propuesta está basada en cartografía no actualizada, citando una carta del Instituto Geográfico Nacional con fecha del 18 de mayo de 2012.  “Por ejemplo, gran cantidad de propiedades que están inscritas en el Registro Nacional como propiedad privada y como zonas para construir se declararon [en la propuesta] como zona marítimo terrestre protegida”, explicó la Comisión al VON.  “Esto significa que una parte de los insumos usados en este Plan Regulador no han sido oficializados a pesar que la propuesta del Plan Regulador ya ha sido publicada y que se efectuó la audiencia pública donde se presentó la propuesta del mismo”.

Los nueve miembros de la Comisión Administrativa son Anouk Studer Alvarado Jirón, experta en desarrollo sostenible y administración internacional; Aura Salas Vargas, trabajadora social y abogada; Byron Rosales Morales, topógrafo municipal; Elisabeth Fernández Ramírez, experta legal en gestión de recursos naturales; Fued Ayales Matarrita, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Nicoya; Juan Rolando Rodríguez Paniagua, abogado y empresario; Wilman Matarrita Matarrita, abogado y Director Ejecutivo de FEDEAGUA; Xinia Campos Palma, oficial del MINAET y vicepresidenta de la Fundación Nicoyagua y Yuni Villalobos Moreno, abogada y notario público. 

Consultaron también a varios expertos de la zona en materia ambiental, en producción local (agricultura, ganadería y turismo), organización comunitaria y en infraestructura vial.

 

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