Foto por Adam Dietrich
Estas familias se dedican a producir cafe entre otras cosas.

El Parque Nacional Dirià es uno de los parques más ricos en biodiversidad de nuestro país. Sin embargo, su creación ha traído un conflicto para alrededor de 170 familias, cuyas propiedades quedaron grabadas dentro de la jurisdicción de parque.

El parque protege 5.448 hectáreas de entre Bosque primario y secundario y se ubica en el cantón de Santa Cruz y parte de la zona alta de Nicoya.

Este proyecto se desarrolló, según Nelson Marín, Director de la Área de Conservación Tempisque (ACT), con el objetivo de proteger a especies animales y vegetales que están en peligro de extinción, lo mismo que los mantos acuíferos que alimentan a los ríos Medio, Tigre, Dirià, y Verde.

Según los especialistas ambientales, el venado cola blanca, la pava, y el manigordo y el pájaro campana están en peligro de extinción.

Las familias alegan que no se les ha pagado por sus tierras, que se les restringe la labor agrícola que es a lo que se dedican comúnmente, y  que no pueden disponer de sus propiedades para venderlas pues el MINAET se los impide.
Según José Santos Briceño Gómez, quien es el presidente del Frente Campesino que se formó en la zona para reclamar sus derechos, dijo que “Nosotros nunca fuimos notificados de este proyecto y mucho menos se nos ha llamado a ningún arreglo… Tenemos el problema que nos han venido estrechando, incluso ya ha habido personas que han sido demandas por trabajar en su finca.”

Briceño alega que ellos no están en contra del parque, pero lo que están demandando del gobierno es un pago justo de acuerdo con el valor real de las propiedades para tener los recursos necesarios para reubicarse en otro sector.
“Ya el parque se creó y nosotros no nos oponemos, pero si exigimos el pago puntual por el valor de las propiedades, porque eso sí nos pertenece por ley”, argumentó.